La producción de arroz en Bolivia creció cerca del 30 % interanual, reflejando una recuperación significativa. Sin embargo, gran parte de esa oferta se desvía vía contrabando a la inversa hacia países vecinos, reduciendo la disponibilidad interna y elevando precios. El Gobierno intensifica controles y coordina con autoridades locales para frenar la fuga. Las autoridades destacan que la cadena del arroz sigue siendo vulnerable pese al avance productivo.
Fecha:Tuesday 22 Jul de 2025
Gestor:INSTITUTO IDIAT
La producción de arroz en Bolivia reportó un crecimiento cercano al 30 % interanual, según datos del viceministerio de Desarrollo Agropecuario. Este aumento refleja un avance notable en productividad y un panorama más alentador para el sector agropecuario.
Ese incremento permitió que el volumen cosechado se igualara a la demanda interna —cercana a las 500 000 toneladas—, alcanzando niveles que previamente se veían solo en estimaciones de autosuficiencia nacional.
Pese al crecimiento productivo, persiste una fuerte tensión entre la disponibilidad real del grano en los mercados y la producción total, debido a flujos ilegales que desvían el arroz fuera del país.
Una parte significativa de ese incremento productivo no llega a los consumidores bolivianos, ya que el arroz es desviado clandestinamente hacia países vecinos como Perú y Argentina donde los precios son considerablemente más altos debido a la inflación importada.
El viceministro Álvaro Mollinedo explicó que este contrabando a la inversa ha provocado una reducción notable en la oferta disponible dentro del territorio nacional, a pesar de que la producción alcanzó el nivel necesario para cubrir la demanda.
En consecuencia, mercados clave en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz han visto menos disponibilidad del producto, generando presiones al alza sobre los precios locales.
Aunque la producción fue suficiente, en los mercados minoristas se observan precios que no concuerdan con esa abundancia: en municipios productores el quintal de arroz se cotiza entre 400 y 420 bolivianos, pero en mercados urbanos supera los 500 bolivianos, lo que evidencia prácticas especulativas y escasez real.
El precio del arroz de contrabando suele venderse por debajo de los costos de producción —entre 3 y 3,50 bolivianos por kilo— mientras que el arroz local cuesta más, afectando la competitividad del producto nacional y reduciendo ingresos de productores medianos y pequeños.
Esta situación erosiona el poder de compra de las familias, especialmente de los sectores vulnerables, generando un impacto directo en la estabilidad económica del hogar.
Frente a esta situación, el Gobierno boliviano ha intensificado operativos en zonas fronterizas desplegando fuerzas armadas y aduaneras para evitar la salida ilegal del arroz. Asimismo, se coordina con municipios y gobernaciones limitrófes.
También se han instalado mesas técnicas en polos productores como Montero para inspeccionar ingenios arroceros, detectar acopios especulativos y controlar el flujo del grano hacia mercados informales.
A pesar de las acciones, la falta de una normativa específica para contrarrestar el contrabando alimenticio debilita la eficacia del control, y el avance legislativo en esta materia aún se encuentra estancado.
EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) ha afirmado que mantiene un stock considerable de arroz —más de 40 000 toneladas— y ha procedido a importaciones adicionales de 60 000 toneladas con el fin de sostener la oferta y frenar la especulación.
El Gobierno ha canalizado inversiones públicas por cientos de millones de bolivianos para fortalecer la producción agrícola a través del impulso a la infraestructura, créditos y apoyo técnico durante el período hacia 2030.
Estas acciones forman parte de una política pública orientada a garantizar la seguridad alimentaria y evitar que las fluctuaciones internas deriven en crisis de abastecimiento.
A largo plazo, el sector del arroz enfrenta el desafío de modernizarse: la transición del cultivo tradicional de secano a sistemas irrigados controlados permitiría estabilizar los rendimientos e incrementar la eficiencia productiva.
La falta de financiamiento, acceso al riego tecnificado y logística eficiente—en un contexto de escasez de diésel o insumos por restricciones cambiarias—reduce la capacidad del país para fortalecer su autosuficiencia.
Además, el contrabando sistemático desincentiva la inversión privada y limita la formalidad en una industria que sigue mayoritariamente en manos de pequeños y medianos productores.
El arroz es un alimento esencial en la dieta boliviana; su estabilidad en los mercados internos impacta directamente en la nutrición de millones de hogares. La búsqueda de soberanía alimentaria está afectada por la fuga ilegal del grano.
Garantizar que la producción nacional llegue al mercado local y a un precio justo es clave para preservar el desarrollo rural, mantener cadenas agroproductivas y reafirmar un sistema alimentario más autosuficiente y resiliente.
Las instituciones del Estado aseguran que, sin contrabando, la producción actual cubriría completamente la demanda interna, pero hasta que se logre ese objetivo, la presión sobre el bolsillo del consumidor persistirá.
Si las autoridades logran establecer normas claras y mejorar los sistemas de vigilancia fronteriza, Bolivia podría consolidar su recuperación en el sector arrocero y avanzar hacia un mercado más estable.
Una estrategia eficaz incluiría inversión en riego, mecanismos de acopio formal, incentivos a productores bajo esquemas organizados y acuerdos locales para regular precios y evitar escasez inducida.
En cambio, si persisten las fugas de contrabando y la falta de políticas efectivas, la recuperación actual podría ser efímera, especialmente en un contexto de inflación regional y presión cambiaria que incentiva la salida ilegal de productos.
Aunque la producción de arroz creció casi un 30 % y alcanzó niveles similares a la demanda interna, la oferta disponible en los mercados bolivianos se ha reducido debido al contrabando a la inversa. Esta dinámica genera especulación, distorsiona precios y amenaza la estabilidad de la cadena alimentaria. Las medidas del Estado buscan contener la fuga ilegal, regular la distribución y garantizar precios justos, pero se requieren normas más robustas y estrategias integrales para consolidar la autosuficiencia y proteger al consumidor y al sector productivo nacional.