Bolivia Enfrenta un Riesgo Agrícola por la Escasez Crítica de Diésel

La escasez de diésel en Bolivia amenaza gravemente la producción agrícola, especialmente en regiones como Beni. Productores advierten pérdidas millonarias y alzas en precios de alimentos. A pesar de acuerdos con el Gobierno, persisten fallas logísticas y demandas de reformas estructurales. El sector urge soluciones energéticas sostenibles y apoyo internacional.

Escasez de Diésel: Un Obstáculo Persistente en el Agro Boliviano

La agricultura boliviana enfrenta una crisis sin precedentes debido a la persistente escasez de diésel, un recurso esencial para el funcionamiento de maquinaria agrícola, transporte de insumos y movilización de cosechas. Esta situación se ha agravado en mayo de 2025, afectando especialmente a regiones como Beni, uno de los principales polos de producción de arroz del país. Los agricultores han encendido las alarmas, advirtiendo que sin una solución inmediata, la producción nacional podría colapsar, generando efectos negativos en la seguridad alimentaria y el mercado interno.

Productores del norte boliviano estiman que requieren cerca de 5 millones de litros de diésel para salvar la campaña arrocera. La falta de combustible impide el ingreso de tractores a los campos, la preparación de terrenos y el transporte de la producción a centros de acopio. A pesar de los compromisos firmados entre el Gobierno y las federaciones agrícolas, la distribución sigue siendo irregular y los volúmenes asignados son insuficientes para cubrir la demanda real del sector.

La situación se complica aún más debido a los altos precios del diésel en el mercado informal, donde los productores, ante la desesperación, deben recurrir para poder cumplir con sus actividades. Esta realidad golpea duramente a los pequeños y medianos agricultores, quienes no cuentan con capacidad financiera para sostener estos sobrecostos, lo que profundiza la desigualdad dentro del sector productivo y amenaza con desplazar a miles de familias campesinas.

El Caso del Arroz en Beni: Un Cultivo Bajo Riesgo Inminente

La producción de arroz en el departamento del Beni se encuentra en estado crítico. Este grano es un componente esencial de la dieta boliviana y su cultivo depende en gran medida del uso intensivo de maquinaria agrícola, que a su vez necesita una provisión constante de diésel. El retraso en las labores agrícolas por la falta de combustible pone en peligro miles de hectáreas ya sembradas y dificulta las nuevas siembras, afectando la estabilidad del sistema agroalimentario regional.

Las asociaciones productoras del Beni han emitido comunicados urgentes solicitando al Gobierno una respuesta inmediata y efectiva. Han propuesto mecanismos de distribución directa a través de entidades estatales, con un sistema de control transparente y basado en censos agrícolas actualizados. Aseguran que sin el abastecimiento requerido, la campaña 2025 podría cerrarse con pérdidas superiores al 50%, comprometiendo la soberanía alimentaria del país.

Además de los problemas productivos, la escasez de arroz comenzaría a reflejarse en los precios de los alimentos básicos. Ya se reportan alzas en los mercados locales, debido a la especulación y al incremento de costos logísticos. Esta escalada impacta directamente a los sectores más vulnerables de la población, acentuando las tensiones sociales y generando preocupación en las autoridades municipales por la posible reactivación de conflictos rurales.

Acuerdos con el Gobierno: Promesas y Cuellos de Botella

Frente a las crecientes presiones del sector, el Gobierno boliviano ha firmado convenios con diferentes organizaciones agrícolas para garantizar el suministro de diésel. Estas medidas incluyen la distribución directa de combustible a través de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y el diseño de rutas logísticas exclusivas para el agro. Sin embargo, en la práctica, estas acciones se han visto limitadas por la falta de infraestructura, demoras burocráticas y problemas de corrupción en la cadena de distribución.

Los representantes del Ministerio de Hidrocarburos y Energías han asegurado que se están haciendo esfuerzos para priorizar el sector agrícola dentro de las políticas de distribución de combustibles. No obstante, los productores señalan que los volúmenes entregados están muy por debajo de las necesidades reales, y que el proceso para acceder al diésel subsidiado es complejo y poco transparente. La distancia entre las declaraciones oficiales y la realidad en el campo genera desconfianza y tensión constante.

Organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación Agropecuaria Nacional han solicitado una auditoría externa del proceso de distribución y la creación de un fondo de emergencia para apoyar a los productores afectados. Plantean además la necesidad de un sistema de reservas estratégicas de combustible para uso exclusivo del sector productivo, a fin de evitar futuras interrupciones ante coyunturas similares.

Impacto Económico y Social de la Crisis en el Campo

Las consecuencias económicas de la crisis de combustible ya comienzan a sentirse en el sector agrícola boliviano. Según estimaciones preliminares, las pérdidas en cultivos como arroz, maíz, caña de azúcar y soya podrían superar los 150 millones de dólares si la situación no mejora en el corto plazo. Este impacto no solo afecta a los productores, sino también a miles de trabajadores rurales que dependen de la actividad agrícola para subsistir.

En las regiones más golpeadas, como Beni, Santa Cruz y Pando, se han registrado protestas, bloqueos y demandas al Gobierno para que declare emergencia agrícola. Las asociaciones de productores denuncian abandono estatal y falta de planificación, especialmente ante un problema que viene arrastrándose desde inicios del año. Adicionalmente, se teme que la incertidumbre derive en migración rural hacia las ciudades, aumentando la presión sobre los cinturones de pobreza urbana.

El panorama social es igualmente preocupante. La disminución en la producción de alimentos esenciales podría derivar en un alza sostenida de precios, dificultando el acceso de la población a una dieta básica adecuada. La inseguridad alimentaria, ya presente en varias zonas rurales, podría agudizarse, afectando principalmente a niños, mujeres y adultos mayores en comunidades empobrecidas.

Diésel y Agroindustria: Una Relación Estratégica

La agroindustria boliviana depende profundamente del abastecimiento de diésel. Desde la preparación del terreno hasta el procesamiento y distribución de productos terminados, todas las fases de la cadena productiva requieren energía fósil. La falta de este recurso paraliza no solo la producción primaria, sino también actividades como el secado, el almacenaje, el transporte interprovincial y la exportación de excedentes.

En Santa Cruz, motor de la agroindustria nacional, el 70% de las operaciones agrícolas mecanizadas han reportado retrasos o paralizaciones. Las empresas que brindan servicios de maquinaria pesada han suspendido contratos por falta de combustible, y las cooperativas de transporte agrario denuncian pérdidas diarias por inmovilidad. El problema es sistémico y amenaza con romper el equilibrio logístico de la producción nacional.

Este contexto ha puesto en discusión la necesidad de diversificar las fuentes energéticas del agro. Expertos plantean el desarrollo de políticas que incentiven el uso de biocombustibles, energía solar para el bombeo de riego, e incluso la electrificación progresiva de maquinaria agrícola. No obstante, estas alternativas requieren inversión, planificación y voluntad política sostenida, elementos que no se desarrollan con urgencia ante la actual crisis.

El Rol del Estado y la Urgencia de Reformas Estructurales

La actual coyuntura evidencia la necesidad de repensar la política energética y agrícola del Estado boliviano. La dependencia del diésel importado, sumada a la vulnerabilidad del sistema logístico, ha dejado al sector productivo expuesto ante fluctuaciones internacionales y deficiencias internas. El Gobierno enfrenta el reto de implementar reformas estructurales que garanticen la resiliencia del agro frente a crisis futuras.

Los especialistas recomiendan la creación de una entidad autónoma encargada exclusivamente del abastecimiento energético agrícola, con facultades operativas y mecanismos de control ciudadano. Asimismo, se propone la inclusión del combustible agrícola en la planificación nacional de seguridad alimentaria, con presupuestos diferenciados, metas específicas y participación activa de los productores.

La transparencia es otro eje clave. La digitalización del sistema de distribución, el monitoreo satelital de rutas de transporte de diésel, y la rendición pública de cuentas podrían reducir significativamente las irregularidades. Solo mediante una reforma institucional profunda será posible garantizar que los recursos estratégicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan y se evite el uso político del combustible.

Proyecciones para la Segunda Mitad del 2025

Mirando hacia la segunda mitad de 2025, las perspectivas para el agro boliviano dependerán en gran medida de la capacidad del Estado para resolver la crisis de diésel. Los productores aún esperan que los acuerdos suscritos se traduzcan en acciones concretas, mientras que el clima, ya de por sí impredecible, podría jugar un rol decisivo en la recuperación de las campañas agrícolas. La estabilización del suministro energético será determinante para evitar el colapso de otras cadenas productivas como el trigo, la papa o las hortalizas.

La comunidad internacional también podría desempeñar un papel de apoyo. Organismos multilaterales han mostrado interés en asistir a Bolivia con fondos de contingencia para la emergencia agrícola, siempre que el país presente planes sólidos de mitigación y resiliencia. A nivel regional, se abren oportunidades para negociar acuerdos de abastecimiento energético con países vecinos, como Brasil o Argentina, que permitan estabilizar el mercado a corto plazo.

Por último, la sociedad civil, las universidades y los centros de investigación están llamados a generar propuestas sostenibles para un agro más autónomo, eficiente y menos dependiente del petróleo. La innovación tecnológica, el uso racional de recursos y la planificación a largo plazo deberán convertirse en pilares de una nueva política agrícola nacional que asegure la estabilidad alimentaria y el bienestar rural del país.