El regreso del glifosato en Colombia enfrenta a la sociedad y al gobierno

En abril de 2025, el gobierno de Colombia tomó la decisión de reactivar la erradicación de cultivos ilícitos de coca mediante el uso de glifosato, un herbicida ampliamente utilizado en programas de fumigación aérea para destruir estos cultivos. Esta estrategia había sido suspendida desde 2015 debido a los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente que sus aplicaciones implicaban. Sin embargo, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, el gobierno decidió retomar su uso, desafiando las promesas de priorizar la sustitución voluntaria de cultivos y generando una nueva ola de controversia en la opinión pública.

El regreso del glifosato como herramienta de erradicación de cultivos ilícitos ha revivido el debate sobre la efectividad de este enfoque, así como los riesgos asociados al uso de esta sustancia química. Aunque se han documentado sus efectos dañinos en la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas a las áreas de fumigación, las autoridades argumentan que el glifosato es una herramienta legal y necesaria para combatir la creciente producción de cocaína en el país. Este artículo busca explorar los aspectos técnicos, sociales, políticos y económicos de esta decisión, contextualizando su relevancia en la lucha contra el narcotráfico y los impactos que genera en las comunidades afectadas.

Contexto Histórico del Uso de Glifosato en Colombia

El glifosato fue utilizado por primera vez en Colombia en la década de 1990, como parte de la estrategia de fumigación aérea destinada a erradicar los cultivos de coca en el país. En su momento, la política de erradicación, implementada principalmente bajo la administración del presidente Andrés Pastrana, se centraba en la destrucción de los cultivos ilícitos desde el aire. A pesar de la amplia implementación de esta estrategia, las críticas comenzaron a surgir debido a los efectos secundarios del glifosato, especialmente en la salud de las comunidades cercanas a las zonas fumigadas y en la biodiversidad de la región amazónica.

En 2015, tras la prohibición de la Corte Constitucional de Colombia sobre la fumigación aérea de glifosato, debido a los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, la estrategia de erradicación se adaptó a métodos más manuales, como la erradicación terrestre y la sustitución voluntaria de cultivos. La administración de Juan Manuel Santos había buscado alternativas al glifosato en un intento por suavizar las tensiones internacionales y responder a las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos y ambientales.

Sin embargo, la creciente presión por los altos índices de producción de cocaína, la persistente violencia asociada al narcotráfico y la falta de resultados satisfactorios en términos de control de cultivos ilícitos llevaron a la reactivación de la fumigación con glifosato bajo el gobierno de Gustavo Petro.

La Decisión de Retomar el Glifosato

La reactivación del uso del glifosato por parte del gobierno colombiano ha sido una decisión polémica que ha generado reacciones encontradas tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, el presidente Gustavo Petro había prometido durante su campaña electoral que priorizaría la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la implementación de programas de desarrollo alternativo para los campesinos involucrados en la producción de coca. Esta promesa respondía a la necesidad de ofrecer alternativas sostenibles y menos punitivas para las comunidades rurales, que a menudo se ven atrapadas en el ciclo de la pobreza y la violencia, lo que los lleva a involucrarse en la producción de drogas ilícitas.

Sin embargo, el gobierno de Petro ha argumentado que la reactivación del glifosato es una medida necesaria para frenar el auge de los cultivos de coca en el país, especialmente después de que las cifras de producción de cocaína alcanzaran niveles récord en los últimos años. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha señalado que el uso del glifosato es una herramienta legal para combatir el narcotráfico, y que las contrataciones ya estaban en marcha antes de su nombramiento al frente del Ministerio.

A pesar de los argumentos a favor de la reactivación del glifosato, la decisión ha sido recibida con críticas por parte de diversas organizaciones sociales, comunidades indígenas, defensores del medio ambiente y expertos en salud pública. La Corte Constitucional había establecido en 2015 que el glifosato debía ser suspendido debido a la falta de evidencia concluyente sobre su seguridad. Las denuncias de efectos negativos sobre la salud de los habitantes de las zonas fumigadas, como el aumento de casos de cáncer, malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias, han generado un rechazo generalizado al uso del herbicida.

El Debate sobre los Efectos del Glifosato

El principal argumento en contra del glifosato es el riesgo potencial para la salud humana. Diversos estudios han vinculado el uso del herbicida con enfermedades graves, como cáncer y trastornos reproductivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), clasificó al glifosato como "probablemente carcinógeno para los seres humanos" en 2015. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y otras entidades científicas han cuestionado esta clasificación, argumentando que no existen pruebas suficientes para afirmar que el glifosato causa cáncer de manera concluyente.

En el contexto colombiano, las comunidades que habitan en las zonas de fumigación aérea han informado de graves consecuencias para su salud, incluyendo un aumento de enfermedades respiratorias, malformaciones en recién nacidos y otros problemas relacionados con la exposición al glifosato. Esto ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad del gobierno en la protección de la salud de los colombianos frente al narcotráfico y la necesidad de balancear los intereses de seguridad con el bienestar social.

Además de los efectos sobre la salud humana, el uso del glifosato también ha tenido impactos negativos en el medio ambiente. El herbicida no solo afecta a las plantas de coca, sino que también puede dañar otras especies de cultivos y vegetación en las áreas fumigadas, afectando la biodiversidad de la región amazónica. En un país con una rica biodiversidad, las consecuencias de la aplicación masiva de glifosato sobre los ecosistemas locales son profundas y de largo alcance.

La Sustitución Voluntaria y el Desarrollo Alternativo

El gobierno de Gustavo Petro ha sido criticado por no cumplir con su promesa de priorizar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, un enfoque que ha sido defendido por diversas organizaciones internacionales y locales como más efectivo y menos destructivo que la fumigación aérea. La sustitución voluntaria implica ofrecer a los campesinos alternativas económicas para dejar de cultivar coca y dedicar sus tierras a cultivos legales y sostenibles, como el café, el cacao, la palma de aceite o el cacao.

Este enfoque ha sido respaldado por la comunidad internacional, que considera que el desarrollo económico y social de las regiones productoras de coca es la clave para erradicar el narcotráfico a largo plazo. Sin embargo, los resultados de la implementación de estos programas han sido mixtos, con desafíos en términos de financiación, sostenibilidad y compromiso por parte de las comunidades.

Impacto Social y Político

La decisión de retomar el uso del glifosato ha generado un fuerte impacto en la política interna de Colombia, dividiendo a la sociedad y creando tensiones dentro del gobierno de Petro. Mientras que algunos sectores del Ejecutivo y las fuerzas militares han apoyado la reactivación de la fumigación como un medio para combatir el narcotráfico, otros aliados políticos y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la contradicción entre esta medida y el compromiso de Petro con una política de paz y reconciliación en las zonas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

En términos sociales, las comunidades afectadas por la fumigación con glifosato siguen siendo las más vulnerables, ya que muchos de los campesinos involucrados en la producción de coca lo hacen por necesidad económica. La falta de alternativas reales y viables para estos agricultores ha aumentado la desconfianza hacia el gobierno y ha generado un clima de tensión en varias regiones rurales del país.

Conclusión

El regreso del glifosato como herramienta de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia representa un paso atrás en el enfoque integral y sostenible que algunos sectores habían defendido para abordar el problema de las drogas. Si bien la estrategia puede ser vista como un intento por parte del gobierno de frenar la producción de cocaína, los efectos secundarios sobre la salud, el medio ambiente y las comunidades más vulnerables siguen siendo una preocupación importante.

A medida que se avanza en la implementación de esta medida, será necesario un análisis más profundo de los costos sociales y ambientales asociados, así como la búsqueda de alternativas más efectivas y menos destructivas para erradicar el narcotráfico y sus impactos en la sociedad colombiana. Solo a través de un enfoque equilibrado y de largo plazo, que contemple tanto la seguridad como el bienestar social y ambiental, se podrá encontrar una solución verdaderamente sostenible al problema de los cultivos ilícitos en Colombia.