Un paro agrario nacional que paralizó carreteras en nueve regiones del Perú durante cinco días forzó al gobierno transitorio de José María Balcázar a emitir un decreto de urgencia por 170 millones de soles para atender la crisis del sector arrocero, a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026.
Bloqueos en nueve regiones y respaldo de múltiples gremios
Las movilizaciones de finales de mayo abarcaron seis departamentos costeros —Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Arequipa—, dos serranos —Huánuco y Junín— y la región selvática de San Martín. Los manifestantes cortaron la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la carretera Fernando Belaunde Terry mediante barricadas, llantas en llamas y toneladas de arroz esparcidas sobre el asfalto. Aunque los productores de arroz lideraron la protesta, también adhirieron gremios cafetaleros, limoneros, azucareros, bananeros y ganaderos.
Derrumbe de precios y competencia de arroz importado
El detonante principal fue el desplome del precio del saco de 50 kilogramos de arroz, que pasó de un rango de entre 70 y 80 soles a apenas 45 soles (aproximadamente 13 dólares), mientras que en los mercados minoristas el mismo producto se comercializa alrededor de 160 soles. A ese deterioro se sumaron el alza en el costo de la urea y del combustible. Los gremios agrarios señalaron además que el ingreso masivo de arroz desde Uruguay, Argentina y Brasil acumuló un excedente estimado en 350.000 toneladas métricas desde 2025, saturando el mercado local.
Los dirigentes del sector denunciaron que acuerdos alcanzados con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a inicios de 2026 —entre ellos la suspensión temporal de importaciones y la adquisición de unas 180.000 toneladas de excedente para programas sociales— nunca se concretaron.
Decreto de urgencia y tregua provisional
Tras cinco días de cortes viales e incertidumbre sobre el abastecimiento de alimentos, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que autoriza la transferencia de 120 millones de soles (35,2 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para financiar la compra directa de arroz a agricultores familiares, destinado a programas de atención a poblaciones en pobreza extrema. La norma incluye además 50 millones de soles (14,6 millones de dólares) para mantenimiento de canales de riego. La medida logró el levantamiento progresivo de los bloqueos.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había advertido públicamente que los cortes podían dificultar el traslado de material electoral, en un contexto donde la primera vuelta de abril ya registró demoras logísticas en cientos de mesas de votación.
Candidatos y sectores expresan posiciones ante el conflicto
La candidata Keiko Fujimori exigió durante la campaña que el gobierno declarara en emergencia al sector agrario y adquiriera producción nacional.
«Declare en emergencia nacional la agricultura y, si este Gobierno no lo hace, yo me encargaré de hacerlo a partir del 28 de julio», afirmó Fujimori en referencia a la fecha de traspaso de mando.
Por su parte, el plan de gobierno de Roberto Sánchez plantea transformar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y crear un Nuevo Banco Agrario con créditos a tasas reducidas para pequeños productores.
Un sector del agro permanece disconforme: la Asociación de Productores Agrario del Medio, Bajo Piura y Sechura calificó la partida presupuestal de insuficiente y no descartó retomar las movilizaciones. Los productores agrarios familiares aportan cerca del 60% de los alimentos de consumo interno del país, aunque alrededor del 15% de ellos vive en condiciones de extrema pobreza, según datos del sector.
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