México enfrenta tensiones por la nueva Ley de Aguas: productores denuncian exclusión y anuncian posibles protestas

La aprobación del dictamen de la nueva Ley de Aguas Nacionales encendió una fuerte crisis política y social en el sector agrícola, luego de que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunciara que el documento avalado en la Cámara de Diputados no recoge los acuerdos construidos con productores durante varias semanas de mesas técnicas y negociaciones previas.

El portavoz del movimiento y dirigente agrícola Eraclio Rodríguez cuestionó duramente que la legislación “trate por igual a pequeños agricultores y a grandes corporaciones agroindustriales”, lo que, asegura, profundiza la desigualdad y podría dejar sin acceso al agua a campesinos y comunidades rurales cuya subsistencia depende directamente de la producción primaria.

Rodríguez expresó que el sector se siente “traicionado” y acusó que la modificación aprobada ignora compromisos asumidos en el proceso de consulta. De mantenerse la redacción actual, advierte, se abriría la puerta a mayor concentración del control hídrico en manos privadas y a un sistema de concesiones que, según su evaluación, no toma en cuenta la vulnerabilidad de los pequeños productores ante eventos climáticos, sequías y restricciones ambientales.

Tambores de protesta: bloqueos, caravanas y posibles paralizaciones del campo

El Frente advirtió que, de no intervenir el Senado para “corregir el rumbo” y reincorporar los acuerdos pactados, continuarán las movilizaciones a nivel nacional, replicando y posiblemente ampliando los bloqueos carreteros reportados en días anteriores.

Los agricultores no descartan:

• Cierres prolongados en autopistas federales y caminos rurales.

• Caravanas de tractores hacia la capital del país.

• Protestas simultáneas en instalaciones gubernamentales.

• Suspensión parcial de actividades agrícolas en regiones clave.

Estas acciones podrían afectar corredores logísticos, distribución de alimentos y exportaciones, dadas las fechas de preparación de cosechas y traslado de mercancías al cierre del año y temporada festiva.

El agua: un recurso escaso en el centro del debate

La discusión se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos, debido a sequías recurrentes, sobreexplotación de acuíferos, urbanización acelerada y competencia entre uso agrícola, industrial y doméstico.

Los productores reclaman que la ley:

• No prioriza el derecho al agua para producción de alimentos.

• No diferencia entre escalas de producción ni niveles de consumo.

• Abre la puerta a sanciones e imposiciones sin apoyos equivalentes.

• Deja en desventaja a comunidades de autoconsumo y agricultores familiares.

Sectores académicos han señalado, además, que sin políticas de financiamiento, tecnificación y manejo sostenible, regular sin acompañar podría acelerar el abandono de tierras agrícolas y limitar la seguridad alimentaria nacional.

Gobierno defiende el dictamen, pero el campo exige ser escuchado

Desde la esfera legislativa, promoventes de la ley argumentan que el nuevo marco normativo busca garantizar transparencia en concesiones, uso responsable del agua y evitar acaparamiento. Aseguran que el dictamen responde a estándares ambientales y obligaciones internacionales.

Sin embargo, representantes del campo sostienen que regular sin reconocer asimetrías provocará una mayor fractura social y productiva. Plantean que el Senado tiene ahora la responsabilidad de abrir el diálogo, reintegrar puntos acordados y construir un modelo de gestión hídrica equitativo que contemple tanto la producción agrícola como el bienestar de las comunidades rurales.

Una crisis que puede definir el futuro del sector agrícola mexicano

La confrontación por la Ley de Aguas ha trascendido lo administrativo: se ha convertido en símbolo del reclamo histórico del campo frente a políticas públicas consideradas centralistas o desconectadas de la realidad rural.

Lo que ocurra en los próximos días será determinante. Si la mesa de negociación no se restablece, México podría enfrentar una de las mayores movilizaciones rurales de los últimos años, con repercusiones en el comercio, la logística, el abastecimiento y la gobernabilidad territorial.

El debate continúa abierto y el país mira hacia el Senado, donde se jugará el siguiente capítulo de un conflicto que pone en el centro dos bienes esenciales e inseparables: el agua y la producción de alimentos.