México busca frenar la extorsión que afecta al campo y a la seguridad alimentaria

El sector agrícola en México atraviesa una de sus peores crisis en años, afectado por la creciente extorsión y control de grupos criminales en al menos 10 estados del país. Productores rurales denuncian que la violencia y las prácticas de criminales no solo impactan sus ingresos, sino que amenazan la producción de alimentos, la seguridad económica y la estabilidad social de las comunidades campesinas.

Extorsión generalizada y control del crimen organizado

Agricultores de regiones como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y otras zonas rurales han señalado que las bandas criminales les exigen cuotas de extorsión por cada metro cuadrado de terreno o por tonelada cosechada, sin importar qué cultiven ni cuánto produzcan. En muchos casos, los criminales obligan a los productores a comprar insumos únicamente de proveedores vinculados a estas estructuras, fijando precios muy por encima del mercado.

Una de las víctimas resumió la situación como un sistema en el que “nos cobran por todo, por sembrar, por vender, por respirar”, señalando que este tipo de prácticas ha convertido a grupos delictivos en una especie de autoridad paralela que controla la cadena productiva desde el campo hasta la venta del producto”.

Impactos económicos y productivos

La incesante presión del crimen organizado ha generado efectos preocupantes en la actividad agrícola nacional. Según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), hasta un 20 % de las parcelas agrícolas en México ya no se siembran, en parte debido a la inseguridad, la extorsión y el miedo constante que enfrentan los agricultores en el ejercicio de sus labores.

Además, esta situación no solo disminuye la producción sino que también encarece los costos operativos, ya que las cuotas y cobros ilegales aumentan el gasto en producción y reducen la rentabilidad general del campo mexicano.

Amenaza a la seguridad alimentaria y migración rural

La violencia y la extorsión también tienen efectos sociales profundos. La falta de seguridad en las zonas rurales y la presión de los grupos delictivos han provocado que familias campesinas abandonen sus tierras y migren hacia zonas urbanas en busca de seguridad y oportunidades económicas.

Este desplazamiento y abandono del campo no solo afecta la producción de alimentos básicos, sino que también rompe el tejido comunitario y reduce la capacidad de desarrollo sostenible en estas regiones, lo que podría tener consecuencias serias para la seguridad alimentaria a mediano y largo plazo.

Historias de violencia y control territorial

En algunos estados, los criminales no se limitan a extorsionar, sino que controlan completamente los procesos productivos e incluso la comercialización de productos agrícolas. Este fenómeno ha sido documentado con situaciones extremas donde se han impuesto cuotas de hasta 10 % de la cosecha y donde las organizaciones criminales regulan precios, insumos y rutas de transporte para maximizar su beneficio ilícito.

En regiones como Michoacán, la presencia de cárteles como el CJNG, Los Viagras y otras células criminales ha llevado incluso a violentos enfrentamientos, amenazas e incluso asesinatos de líderes agrícolas que intentan resistir este control.

Respuesta social y propuestas de cambio

La presión social y productiva ha llevado a algunas organizaciones y líderes del campo a solicitar reformas legales que fortalezcan la protección de los productores rurales y permitan una mejor defensa de sus derechos. Entre las propuestas se habla de clasificar la extorsión como delito de alto impacto, lo que podría permitir una respuesta judicial más firme contra quienes imponen estas cuotas y amenazas.

Organizaciones agrícolas y sociales también han abogado por políticas públicas integrales que combinen seguridad, acceso a financiamiento, mejoras en infraestructura rural y programas que reduzcan el aislamiento de las zonas productivas, haciéndolas menos vulnerables a la presencia criminal.

Conclusión

La crisis que enfrenta el campo mexicano por la extorsión y el control criminal representa un riesgo directo para la producción agrícola, la economía rural y la seguridad alimentaria del país. Más allá de la violencia física, la imposición de cuotas, el control de insumos y la intimidación están dejando una huella profunda que podría transformarse en un problema estructural si no se toman medidas urgentes de seguridad, apoyo económico, reformas legales y protección social para los agricultores.