El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió al país con un anuncio durante el más reciente Consejo de Ministros, en el que afirmó que implementará decretos que obliguen al sector financiero a realizar inversiones forzosas destinadas, principalmente, al fomento de la agricultura y al apoyo económico de productores rurales. El mandatario declaró que las entidades bancarias incumplieron los compromisos establecidos en el Pacto por el Crédito, lo que motivó la adopción de esta medida extraordinaria.
Petro sostuvo que cuando se firmó el Pacto por el Crédito —un acuerdo alcanzado en agosto de 2024 para destinar cerca de $250 billones en créditos a sectores como vivienda, agricultura y turismo— la banca no dirigió los recursos prometidos hacia la producción agrícola, sino que, según él, estos terminaron en consumos o salieron del país. “La banca privada me engañó. No desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y sacaron el dinero del país”, expresó el presidente con fuertes críticas a las entidades financieras.
La propuesta del Gobierno va más allá de una simple supervisión: implica que la banca tendrá que destinar recursos de forma obligatoria para el sector agropecuario, particularmente para financiar proyectos productivos, créditos para campesinos y programas que impulsen el desarrollo rural. Petro también señaló que se ajustarán las tasas de interés cercanas a cero por ciento para créditos otorgados a través de entidades como Finagro y el Banco Agrario, buscando aliviar las cargas financieras de los agricultores afectados por emergencias como inundaciones.
Además de incrementar los créditos agropecuarios, el Gobierno pretende aumentar los créditos asociativos a empresas del agro por medio de Bancoldex, una entidad estatal que actúa como banco de segundo piso para el sector productivo. Petro aseguró que estos cambios también incluirán sistemas de créditos con tasas compensadas para pequeñas empresas agropecuarias en zonas impactadas por la emergencia, con el objetivo de reactivar la producción de alimentos.
La propuesta presidencial no ha sido bien recibida por todos. Organizaciones del sector financiero, como Asobancaria, han rechazado la idea de imponer más inversiones forzosas, argumentando que el Pacto por el Crédito sí se ha cumplido y que esta clase de medidas reducirían los recursos disponibles para otros sectores no priorizados.
Según el gremio bancario, imponer inversiones obligatorias podría incrementar la represión financiera en Colombia, donde ya opera un sistema con tasas de interés elevadas y requerimientos restrictivos para acceder a créditos. Además, Asobancaria advirtió que esto podría llevar a un encarecimiento general de los créditos en toda la economía, afectando negativamente a consumidores y a pequeñas y medianas empresas fuera del sector agrícola.
El gremio también afirmó que, desde que se firmó el Pacto por el Crédito hasta enero de 2026, la banca ha desembolsado millones de créditos tanto al sector agropecuario como a la economía popular, sugiriendo que se han alcanzado avances en la distribución crediticia.
La reacción del Gobierno y las críticas de los gremios han generado un debate profundo acerca de la viabilidad legal de las inversiones forzosas en Colombia. Esto ocurre mientras el Ejecutivo espera una pronta respuesta de la Corte Constitucional sobre el decreto de la primera emergencia económica, que podría definir el marco legal para adoptar nuevas medidas como esta.
Así mismo, desde algunos sectores se ha advertido que incluso la sola discusión de inversiones forzosas ha generado cierta incertidumbre económica, con diversas interpretaciones sobre cómo aplicar estas obligaciones sin afectar los derechos de los accionistas, la salud del sistema financiero o la liquidez de las entidades bancarias.
Para el presidente Petro, la medida sería un paso necesario para asegurar que los recursos fluyan hacia la producción agrícola, que ha enfrentado desafíos debido a emergencias climáticas y la necesidad de garantizar seguridad alimentaria en diversas regiones del país. Según el mandatario, incentivar créditos accesibles y obligatorios para el sector ayudaría a dinamizar la economía rural, apoyar a pequeños productores y fortalecer la producción de alimentos en zonas afectadas por inundaciones.
Sin embargo, el choque entre la administración y el sector financiero insinúa que Colombia se encuentra en un momento de tensión entre políticas públicas expansivas y las preocupaciones de estabilidad económica. El desenlace de este debate podría tener impacto no solo en el sector agropecuario, sino también en la relación entre el Gobierno y el sistema bancario colombiano en los próximos años.