Alrededor de 100 productores rurales del partido de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, presentaron una carta formal ante el intendente Waldemar Giordano y el Concejo Deliberante local para exigir una reducción de la tasa vial municipal, mejoras urgentes en la red de caminos rurales y un cambio en el modelo de gestión del servicio. El documento fijó un plazo de 20 días corridos para obtener una respuesta oficial, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales.
El reclamo formal y sus exigencias concretas
La presentación fue suscripta por José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, y Pablo Francescangeli, en representación de productores independientes. El documento surge de una asamblea celebrada días antes en la sede de la entidad rural, donde más de 70 productores analizaron el deterioro de los caminos y el esquema tributario vigente.
En el escrito, los firmantes describieron una situación de grave e insostenible deterioro de la red vial rural que, según argumentaron, compromete directamente la producción agropecuaria, la conectividad y el desarrollo socioeconómico de la región.
Los productores señalaron que existe una marcada desproporción entre la carga impositiva exigida y la deficiente o nula contraprestación en trabajos de mantenimiento, abovedado, alcantarillado y conservación de caminos.
Cuestionamiento a la tasa vial y planteo de inconstitucionalidad
Entre las demandas centrales, los productores solicitaron fijar un valor uniforme de $10.000 por hectárea por año para la tasa de conservación vial mientras no se garantice una prestación eficiente del servicio. También reclamaron la eliminación de alícuotas progresivas y de criterios vinculados a la productividad de los establecimientos rurales.
El documento calificó esos criterios como anticonstitucionales, por considerar que distorsionan la naturaleza jurídica de una tasa tributaria y carecen de relación con el costo real del servicio prestado.
Alternativas de gestión propuestas
Además de la reducción impositiva, los productores solicitaron al municipio que adopte medidas urgentes para garantizar la reparación y el mantenimiento integral de la red. Entre las alternativas planteadas figuran la tercerización parcial o total del servicio, la creación de un consorcio de gestión vial o cualquier otro mecanismo que demuestre eficiencia en la ejecución de obras.
Próximos pasos: posibles acciones judiciales
El plazo fijado en la carta es de 20 días corridos a partir de la recepción del documento. Si el municipio no responde con un plan de acción concreto y fundado en ese período, la Sociedad Rural de Colón y los productores independientes anunciaron que iniciarán de forma inmediata acciones judiciales. Estas incluirían amparos, medidas cautelares e impugnaciones por inconstitucionalidad, además de responsabilizar al municipio por los daños derivados de la falta de mantenimiento vial.
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