Brasil impulsa el seguro rural para proteger al campo frente a riesgos climáticos

En medio de un contexto de incertidumbre para el sector agropecuario brasileño, los legisladores colocaron al seguro rural como una de las principales prioridades de la agenda legislativa para este año, en la retomada de las actividades del Congreso Nacional. La Frente Parlamentaria de la Agropecuaria (FPA), que agrupa a representantes del campo, ha liderado la presión para fortalecer los mecanismos de seguro que protegen a los productores frente a pérdidas climáticas, económicas o sanitarias.

La polémica por la falta de recursos comienza 2026

Uno de los principales puntos de tensión surgió tras la aprobación de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2026, en la cual se incluyó un dispositivo para proteger los recursos destinados al seguro rural de posibles contingenciamentos (recortes presupuestarios). Sin embargo, este dispositivo fue vetado por el presidente, lo que generó preocupación entre los parlamentarios y productores, que consideran que esta decisión deja al agro vulnerable ante pérdidas y eventos climáticos adversos.

La FPA representada por su presidente, Pedro Lupion (Republicanos-PR) ha defendido con firmeza que el seguro rural debería contar con un presupuesto adecuado para garantizar una cobertura mínima de la safra, estimando que se necesitaría un monto que va desde R$ 3,5 mil millones hasta R$ 5 mil millones. Esta cifra permitiría que el seguro cubra una parte significativa de los riesgos productivos y alivie la carga financiera de los productores.

Impacto de la falta de subvenión en la producción

De acuerdo con la FPA, la ausencia de subsidios federales al seguro rural en campañas recientes empujó a muchos productores a soportar el costo total del seguro, lo que contribuyó a un endurecimiento de deudas y un mayor índice de recuperaciones judiciales entre agricultores, especialmente en regiones afectadas por variaciones climáticas, como el estado de Rio Grande do Sul.

Lupion criticó declaraciones de autoridades del Ministerio de Agricultura que atribuían la ausencia de recursos al veto de la propia FPA, calificándolas de imprecisas y señalando que esta situación obliga a los productores a asumir un riesgo financiero elevado sin protección efectiva.

Cobertura insuficiente y demanda de ampliación

El debate político también refleja cifras preocupantes sobre la cobertura del seguro rural en Brasil. Datos presentados por diversas organizaciones agrarias señalan que la cobertura ha disminuido en los años recientes, llegando a representar menos del 8 % del área plantada en campañas recientes una caída marcada desde niveles mucho más altos observados en años anteriores lo que resalta la necesidad urgente de fortalecer el instrumento como herramienta de gestión de riesgo.

Además, legisladores y expertos coinciden en que el seguro rural no solo actúa como un resguardo ante pérdidas por sequías, inundaciones u otros fenómenos climáticos, sino que también es esencial para facilitar el acceso al crédito y contribuir a la estabilidad financiera de los pequeños y medianos productores.

Articulación en el Congreso y propuestas para 2026

En respuesta a la situación, la FPA está impulsando la derrubada (anulación) del veto presidencial dentro del Congreso, con la esperanza de restaurar las garantías presupuestarias para el seguro rural. Paralelamente, también se trabaja en propuestas para actualizar el marco legal del seguro rural, incluido un proyecto de ley que permitiría la creación de fondos público-privados destinados a cubrir eventos de catástrofes naturales y reforzar así el mecanismo de protección.

Asimismo, se debate si la obligatoriedad de contratar el seguro rural debería estar vinculada al acceso a créditos subsidiados por el Plan Safra, lo que podría ampliar la base de cobertura e incentivar a más productores a asegurar sus cultivos y rebaños frente a eventos adversos.

Un debate clave para el futuro del agro brasileño

La discusión sobre el seguro rural en Brasil no se limita al ámbito técnico o presupuestario, sino que adquiere un carácter estratégico para un sector que representa uno de los pilares de la economía nacional. Con eventos climáticos cada vez más frecuentes y riesgos financieros que afectan la producción, fortalecer este instrumento de protección será crucial para mantener la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria del país en los próximos años.