El Parlamento Europeo rechazó esta semana la propuesta de la Comisión Europea que buscaba modificar el Reglamento 807 e incluir a la soja entre las materias primas de alto riesgo ambiental por cambio indirecto en el uso del suelo (iLUC), una decisión que preserva las exportaciones argentinas de biodiésel de soja al bloque y evita el cierre de un negocio valuado en torno a los USD 350 millones anuales.
Qué implicaba la norma rechazada
La Comisión Europea había puesto en consulta pública una revisión del Reglamento 807, en la que proponía reclasificar determinados cultivos según su riesgo de provocar deforestación indirecta. Bajo ese criterio —denominado iLUC—, la soja quedaba incluida en la categoría de alto riesgo. De haberse aprobado, hacia 2030 el biodiésel elaborado a base de soja habría quedado excluido del sistema europeo de incentivos a las energías renovables, impidiendo en la práctica su comercialización como combustible renovable dentro del bloque.
El impacto directo para la agroindustria argentina
La dimensión del riesgo quedaba en evidencia al observar la estructura de destinos del producto. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre 2018 y 2025 la Unión Europea concentró en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel. En 2025, ese porcentaje alcanzó el 100%, con ingresos de USD 322 millones. En años anteriores, durante 2022 y 2023, esas cifras habían llegado a USD 1.500 millones y USD 1.800 millones respectivamente, en los registros más altos de la serie.
La producción nacional está fuertemente concentrada en el polo agroindustrial del Gran Rosario: solo la provincia de Santa Fe explicó el 58% del volumen total producido en 2025, en instalaciones históricamente orientadas al mercado externo.
Reacción del sector privado y próximos pasos
«La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la Comisión Europea en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad», señaló Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara-CEC).
El dirigente calificó el resultado como «una gran noticia» y destacó que se trató de «una exitosa gestión público-privada de Argentina», en referencia al trabajo conjunto realizado ante las instituciones europeas para frenar la propuesta.
Contexto de un sector con alta exposición regulatoria
El rechazo parlamentario llega en un momento en que el peso de las exportaciones dentro de la producción total de biocombustibles ya venía reduciéndose. La participación exportadora, que entre 2008 y 2022 representó cerca del 65% de la producción, cayó al 33% en 2023-2024 y al 28% en 2025, su nivel más bajo desde los orígenes de la industria. A los obstáculos regulatorios se suman aranceles europeos de entre 25% y 33% sobre el biodiésel importado, sumados a incentivos domésticos que favorecen la producción intracomunitaria.
Con el rechazo al Reglamento 807 en los términos propuestos, la Comisión Europea deberá reformular el texto bajo los lineamientos votados por el Parlamento. Mientras tanto, el sector exportador argentino mantiene abierto su principal canal de ventas externas.
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