El Gobierno argentino convocó el 9 de junio a las principales organizaciones del agro y de la industria semillera para retomar la discusión sobre la actualización de la ley de semillas sancionada en 1973, una norma que lleva más de cinco décadas sin modificaciones sustanciales y que rige un sector que hoy mueve más de 2.000 millones de dólares anuales.
Un marco legal que no refleja la realidad del agro moderno
Cuando la norma fue redactada, la biotecnología agrícola no existía como disciplina y la soja era un cultivo marginal en el país. Hoy, Argentina es el tercer exportador mundial de soja y el segundo de maíz, y las variedades genéticas de última generación pueden incrementar los rendimientos entre un 15% y un 25% por variedad. A pesar de esa transformación, el marco regulatorio no incorporó ninguna de esas realidades productivas.
El acuerdo con Estados Unidos como detonante del debate
El principal catalizador de la discusión actual es el acuerdo comercial negociado con Estados Unidos, en cuyo marco Argentina asumió el compromiso de avanzar hacia la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91). Ese instrumento amplía los derechos de los obtentores de variedades vegetales, exige autorización para reutilizar semilla en numerosos casos y extiende el control sobre el grano cosechado, lo que representa un cambio profundo respecto al esquema vigente.
Participaron de la reunión en la Secretaría de Agricultura la Mesa de Enlace, Aapresid, Aacrea y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que agrupa a empresas como Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, Pioneer y Don Mario.
Las propuestas en pugna sobre el uso propio
El punto central del conflicto es el denominado uso propio: el derecho que asiste a los productores de reservar parte de la cosecha para utilizarla como semilla en la siguiente campaña sin abonar regalías adicionales. En cultivos autógamos como la soja —con una producción nacional de aproximadamente 50 millones de toneladas anuales—, esa práctica tiene un impacto directo en la estructura de costos de miles de productores.
La Mesa de Enlace presentó en marzo, durante Expoagro, una propuesta que mantiene el uso propio gratuito hasta un umbral de 500 hectáreas e introduce un esquema de pago para superficies superiores, con topes explícitos a las regalías y una cláusula de agotamiento de la propiedad intelectual en el punto de venta de la semilla. La industria semillera elaboró una contrapropuesta cuyo contenido aún no fue divulgado públicamente.
Tensión entre innovación genética y acceso a tecnología
El sector semillero sostiene que la falta de protección efectiva de la propiedad intelectual desincentiva el lanzamiento de variedades de última generación en el mercado local. El caso del trigo ilustra esa brecha: variedades con resistencia a la sequía y mayor potencial productivo que ya se comercializan en Brasil y Australia no ingresan a Argentina porque el sistema vigente no garantiza la recuperación de la inversión en investigación y desarrollo.
En paralelo al debate legislativo, el Gobierno implementó un nuevo protocolo de control de identidad varietal que permite verificar el uso de semillas protegidas mediante análisis de granos en puntos de entrega, una medida que opera con independencia de los acuerdos aún pendientes en el Congreso. Los próximos pasos dependerán del resultado de las negociaciones entre los sectores convocados y de la voluntad política de avanzar en la presentación de un proyecto de ley.
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