El planteamiento responde a las necesidades de una industria que depende de un suministro eléctrico continuo para procesar, refrigerar, congelar y conservar alimentos. Estas operaciones requieren mantener equipos en funcionamiento incluso durante períodos de menor actividad productiva, lo que convierte la estructura tarifaria en un factor relevante para sus costos.
Chilealimentos considera que el régimen vigente debe evolucionar hacia un mecanismo que refleje con mayor precisión la contribución de cada empresa a los momentos de máxima exigencia del sistema eléctrico nacional.
La propuesta contempla establecer una mesa técnica con las autoridades para examinar alternativas de regulación y determinar si el esquema actual responde a las condiciones operativas de la industria alimentaria.
Chilealimentos propone modificar el cálculo de los cargos eléctricos
Durante el encuentro, el gremio planteó sustituir el calendario fijo de horas de punta por una metodología basada en la denominada demanda coincidente. Este criterio considera el consumo de cada usuario durante los períodos en que el sistema eléctrico registra efectivamente sus mayores niveles de demanda.
El presidente de Chilealimentos, Juan Manuel Mira, explicó que la organización no pretende eliminar la obligación de pagar por la capacidad eléctrica utilizada, sino establecer una relación más directa entre los cargos y la presión que cada empresa ejerce sobre el sistema.
La diferencia es relevante para establecimientos que necesitan mantener cadenas de frío, cámaras de almacenamiento y procesos industriales durante todo el año.
Según el gremio, una metodología ajustada a la demanda efectiva podría evitar señales tarifarias que incentiven a determinadas empresas a utilizar sistemas de autogeneración con combustibles fósiles durante las horas de punta.
Chilealimentos sostiene que esta modificación complementaría las inversiones empresariales destinadas a mejorar la eficiencia energética e incorporar electricidad procedente de fuentes renovables.
No obstante, la propuesta todavía requiere evaluación técnica y regulatoria. La información disponible no establece porcentajes concretos de reducción de costos ni cuantifica los ahorros que podrían obtener las empresas.
Chile ya eliminó septiembre del período de horas de punta en 2026
La solicitud se produce después de una modificación aplicada por el Gobierno chileno durante 2026.
Mediante el Decreto N.º 13T, publicado el 5 de septiembre, el Ministerio de Energía excluyó excepcionalmente septiembre del período de control de punta del Sistema Eléctrico Nacional.
Con este cambio, el período correspondiente a 2026 quedó comprendido entre abril y agosto, de 18:00 a 22:00 horas, con las excepciones previstas para sábados, domingos y festivos.
La medida se fundamentó en una evaluación de la Comisión Nacional de Energía y en antecedentes del Coordinador Eléctrico Nacional, que no identificaron condiciones previstas de déficit de suministro para septiembre.
También respondió a la necesidad de ofrecer mayor flexibilidad a los sectores productivos en un contexto de elevados costos energéticos y desafíos económicos.
La ministra Ximena Rincón recordó durante la reunión con Chilealimentos que septiembre ya había sido retirado del período de punta y señaló que el ministerio trabaja en nuevas alternativas para reducirlo.
La revisión tarifaria abre un debate sobre energía, producción y sostenibilidad
La Comisión Nacional de Energía mantiene un proceso técnico relacionado con la metodología para determinar los períodos de control de punta.
El organismo publicó en septiembre de 2026 un informe técnico preliminar sobre esta materia y estableció mecanismos para recibir observaciones, como parte de la revisión regulatoria.
Este proceso constituye un antecedente para futuras decisiones, aunque no implica que la propuesta específica de Chilealimentos haya sido aprobada.
Para la agroindustria chilena, el resultado de la revisión puede tener implicaciones en la planificación de operaciones, la utilización de infraestructura frigorífica y la competitividad de productos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.
La solicitud también introduce una dimensión ambiental, al plantear que una estructura tarifaria mejor alineada con la demanda real podría reducir los incentivos económicos para recurrir a generación propia basada en combustibles fósiles.
La discusión continuará en el ámbito técnico y regulatorio. Su importancia radica en determinar cómo distribuir los costos de capacidad eléctrica sin comprometer la seguridad del suministro, mientras la industria alimentaria busca mantener su competitividad y avanzar en eficiencia energética.
