Controversia en EE. UU.: el gobierno de Trump reaprueba el uso del pesticida dicamba, pese a riesgos ambientales y judiciales

En una decisión que ha generado fuertes reacciones tanto en el sector agrícola como entre grupos ambientalistas y de salud pública, la Administración del presidente Donald Trump aprobó nuevamente el uso del herbicida dicamba para aplicarse sobre cultivos genéticamente modificados de soja y algodón. Esta medida fue anunciada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y marca un giro importante en la política de regulación de pesticidas en el país, especialmente tras decisiones judiciales anteriores que habían bloqueado el uso de este químico.

El dicamba es un herbicida que se utiliza para controlar malezas resistentes que amenazan la producción agrícola, especialmente en cultivos tolerantes al propio químico. La EPA justificó su aprobación señalando que es una herramienta crítica para los agricultores que enfrentan plagas y malas hierbas que no ceden con otras opciones de control, y agregó que la decisión incluye nuevas restricciones y límites en su aplicación para tratar de reducir efectos no deseados.

📈 Medidas y regulaciones anunciadas

Según la agencia, la reaprobación incluye condiciones más estrictas sobre cómo y cuándo se puede rociar dicamba, con límites en la cantidad aplicada por acre, restricciones en ciertas condiciones climáticas y áreas de amortiguamiento obligatorias para proteger cultivos no objetivo, entornos sensibles y zonas residenciales cercanas. Esto busca disminuir el fenómeno conocido como drift, en el que el herbicida se desplaza por el aire y puede dañar plantas y cultivos que no deberían recibir el producto.

La EPA aseguró que, si se siguen estas nuevas normas de uso, el dicamba puede ser aplicado sin representar riesgos inaceptables para la salud humana o el entorno, aunque reconoció que los riesgos de deriva química siguen siendo reales y deben gestionarse cuidadosamente.

⚠️ Críticas de expertos y grupos ambientalistas

La decisión ha encendido la alarma entre numerosas organizaciones ambientales y de salud pública, que advierten sobre los efectos negativos que este herbicida puede tener si se utiliza de forma extendida. El dicamba ha sido objeto de controles judiciales previos, con decisiones de tribunales federales en 2020 y 2024 que bloquearon su uso por considerarlo perjudicial para cultivos no objetivo y para el medioambiente.

Las críticas señalan que aún con nuevas restricciones, el herbicida puede desplazarse por el aire, dañar cultivos vecinos y vegetación nativa, e incluso afectar la salud de las personas expuestas a niveles elevados del químico. Algunos estudios y activistas han vinculado la exposición prolongada al dicamba con posibles riesgos de cáncer y otros efectos adversos para la salud, aunque las autoridades reguladoras han sostenido que, aplicado según indicaciones, el producto no representa un riesgo inaceptable.

Grupos como el Center for Biological Diversity han criticado que la reaprobación de dicamba contradice promesas de salud pública y protección ambiental, argumentando que la decisión beneficia principalmente a las grandes empresas agroquímicas en detrimento de comunidades rurales, agricultores independientes y ecosistemas frágiles.

🌾 Respaldo desde el sector agrícola

Por otro lado, asociaciones agrícolas, como la American Soybean Association, han celebrado la decisión, subrayando que proporciona claridad regulatoria para la próxima temporada de cultivo, ayudando a los agricultores a manejar malezas cada vez más resistentes y a proteger sus rendimientos productivos.

Además, fabricantes y distribuidores del herbicida han prometido programas de capacitación para asegurar que el dicamba se use conforme a las nuevas reglas, con la intención de minimizar los riesgos asociados al producto.

📊 Un debate que no cede

La reaprobación de dicamba representa un punto de inflexión en las políticas de control de plagas y pesticidas en Estados Unidos, reflejando las tensiones entre la necesidad de herramientas agrícolas eficaces y la protección de la salud pública y el medioambiente. Dado que este químico estuvo dos veces prohibido judicialmente, la reciente decisión de la EPA y la administración Trump ha reabierto un debate que promete mantenerse vivo tanto en tribunales como en las comunidades agrícolas y científicas.