Alerta por las retenciones: la soja se vuelve inviable en amplias zonas productivas

La reimplantación de retenciones del 33 % a la soja y 12 % al maíz genera un fuerte impacto negativo en la campaña agrícola argentina 2025–2026. Según CREA, casi el 80 % del área destinada a soja de primera ya no es rentable, y el doble cultivo trigo/soja es aún más comprometido. La medida gubernamental busca aumentar la recaudación, pero amenaza producción, exportaciones e inversiones en tecnología.

Retenciones restituidas: la decisión oficial que sacudió al campo

El 1 de julio de 2025 marcó un punto de quiebre para el agro argentino. Ese día entró en vigencia la restitución de retenciones plenas del 33 % para la soja y 12 % para el maíz, que habían sido reducidas parcialmente desde enero como medida temporal. El gobierno nacional oficializó la medida por decreto, justificándola como parte de un plan de consolidación fiscal.

Aunque sectores del oficialismo argumentan que la reactivación de las alícuotas es clave para garantizar equilibrio macroeconómico, el sector agropecuario considera que se trata de una carga fiscal excesiva, especialmente en un contexto de precios internacionales a la baja y altos costos logísticos.

Viabilidad productiva en caída libre: las cifras preocupantes

El Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) advirtió que con el regreso de las retenciones a los niveles históricos, casi el 80 % de la superficie sembrada con soja de primera ya no resulta rentable. Esto significa que los ingresos brutos por tonelada no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de producción en la mayoría de las regiones.

Más grave aún es la situación del doble cultivo trigo/soja de segunda, donde se estima que el 87 % del área sería económicamente inviable. Esto no solo afectaría el ingreso directo de los productores, sino también la planificación de siembra para la campaña 2025–2026 y la cadena de valor agroexportadora.

En cuanto al maíz, si bien la suba fue menos drástica, la superficie viable bajó del 50 % al 39 %, especialmente en las zonas alejadas de los puertos, donde los costos de flete hacen inviable competir con países vecinos.

La lógica económica detrás del reclamo

La rentabilidad agrícola se sustenta en una ecuación delicada: relación entre precios de venta, costos de producción y tipo de cambio. Al aumentar las retenciones, el precio interno percibido por el productor cae de forma abrupta, mientras que los costos, dolarizados en su mayoría (fertilizantes, combustibles, repuestos, semillas), se mantienen elevados.

Según CREA, la reducción del ingreso neto por tonelada de soja ronda los 30–35 dólares, lo que impacta directamente en la rentabilidad y en la capacidad del productor de acceder a financiamiento, renovar maquinaria o aplicar paquetes tecnológicos completos.

Además, la carga tributaria no discrimina escalas. Los pequeños y medianos productores, que operan con márgenes muy ajustados, son los más perjudicados y podrían quedar fuera de competencia frente a grandes actores que operan con más eficiencia.

Menos tecnología, menor rendimiento

Uno de los efectos colaterales más preocupantes de la vuelta de las retenciones es la probable reducción en el uso de tecnología. Con menores ingresos proyectados, muchos productores optarán por estrategias de “ahorro defensivo”, reduciendo fertilización, control de plagas o uso de semillas mejoradas.

Esto se traduce directamente en menores rendimientos por hectárea, pérdida de competitividad internacional y caída en los volúmenes exportables. CREA estima que, sin retenciones, la fertilización crecería un 6 %, elevando la producción de maíz en un 2 % y la de trigo en 2,7 %. Al revertir esa dinámica, el país podría perder cientos de millones de dólares en exportaciones anuales.

La reacción del sector: del malestar al reclamo político

La decisión del Ejecutivo generó una ola de críticas desde el sector agropecuario. La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades rurales del país, expresó su rechazo absoluto y advirtió que la medida compromete la sostenibilidad del agro.

Se plantean alternativas como la reducción gradual, la segmentación por escala o la eliminación de las retenciones a los productos con menor valor agregado. Además, se demanda un debate parlamentario transparente, ya que los decretos generan incertidumbre y no permiten previsibilidad en un sector que planifica sus campañas con meses de anticipación.

El efecto sobre las exportaciones y el ingreso de divisas

La soja es uno de los principales motores de la economía argentina. En 2024, las exportaciones de soja y sus derivados generaron más de USD 16 000 millones, representando el 25 % del total exportado por el país. Una caída en la producción por desincentivo fiscal podría reducir drásticamente esos ingresos.

La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que el "poder de compra" del sector exportador se verá disminuido en un 9 % para soja y 3 % para maíz, lo que también afectará las liquidaciones de divisas en el mercado cambiario. En junio, ante la inminente suba, el agro liquidó USD 3.706 millones, anticipando ventas antes de la entrada en vigor de la medida.

Lo que podría pasar en la campaña 2025–2026

La campaña agrícola 2025–2026 corre serio riesgo de sufrir una reducción en el área sembrada. Si se confirman las proyecciones de inviabilidad económica, muchos productores optarán por dejar tierras en barbecho o cambiar cultivos por otros menos dependientes del precio internacional.

Esta reconfiguración no solo implicaría un cambio agronómico, sino también un impacto económico en las localidades rurales, ya que la actividad agrícola moviliza transporte, servicios, empleo y consumo local.

¿Justificación fiscal o presión política?

Desde el Ministerio de Economía se argumenta que las retenciones son una herramienta para garantizar superávit fiscal. Se estima que, con las nuevas alícuotas, el Estado recaudaría cerca de USD 600 millones adicionales en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, ese monto equivale a menos del 0,15 % del PBI.

Analistas críticos señalan que la medida tiene más impacto simbólico que efectivo, y que el costo político de enfrentar al agro podría ser mayor que el beneficio fiscal. También se apunta que, con superávit primario acumulado, no existe una urgencia que justifique debilitar un sector estratégico como el agroexportador.

Regiones más afectadas: distancia y clima

El impacto no será homogéneo. Las regiones del NOA y NEA, así como el sudoeste bonaerense, serán las más afectadas debido a su lejanía de los puertos y menores rendimientos naturales. Allí, la inviabilidad puede superar el 90 % del área cultivable, dejando a miles de pequeños productores en situación crítica.

Las zonas núcleo, como el centro-sur santafesino y el norte bonaerense, mantendrían cierto grado de rentabilidad, aunque muy inferior al promedio de años anteriores.

Mirada al futuro: propuestas para un nuevo modelo fiscal

Diversos sectores proponen avanzar hacia un modelo de retenciones móviles, que se ajusten a precios internacionales. En contextos de alta cotización, las alícuotas podrían aumentar; en períodos de baja, deberían disminuir para no comprometer la producción.

También se debate la necesidad de segmentación por escala, para proteger a los pequeños productores que no cuentan con economías de escala. En paralelo, se analizan mecanismos de compensación fiscal, créditos con subsidio de tasas y promoción de agregado de valor local como salida a la dependencia de materias primas.

Conclusión

La restitución de las retenciones plenas a la soja y el maíz en Argentina marca un nuevo capítulo de tensión entre el Estado y el campo. Aunque busca reforzar las cuentas públicas, la medida amenaza con comprometer la producción, las exportaciones, la inversión tecnológica y la viabilidad de miles de productores.

El desafío será encontrar una fórmula que permita sostener la recaudación sin desfinanciar al sector más competitivo del país. Mientras tanto, el campo observa con incertidumbre un escenario que podría marcar un antes y un después en la historia agrícola nacional.