El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron el 29 de julio de 2026 un programa de asistencia técnica y financiera por 1.900 millones de dólares, enmarcado en el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a 36 meses, que respalda el plan de reformas económicas impulsado por la administración del presidente Rodrigo Paz. El acuerdo representa el primer vínculo formal entre Bolivia y el organismo multilateral en más de dos décadas.
Detalles del programa y condiciones financieras
El acuerdo, que aún requiere la aprobación del directorio del FMI y del Poder Legislativo boliviano, contempla un período de gracia de cuatro años y una tasa de interés que se ubicará entre el 4 % y el 4,5 %. Según el Ministerio de Economía, el programa tiene como objetivo central catalizar financiamiento adicional de organismos multilaterales por al menos 5.000 millones de dólares.
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se encuentran la racionalización del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal, el mantenimiento de financiamiento monetario cero al fisco y la implementación de reformas orientadas a mejorar el clima de negocios y fortalecer las redes de protección social.
Crisis económica y reformas en curso
El programa surge en un contexto de severo deterioro macroeconómico. Bolivia registró en 2025 una inflación del 20,40 %, un déficit fiscal del 12,2 % del PIB y una contracción económica del 1,58 %. Las reservas internacionales netas cayeron de forma sostenida en los últimos años, mientras el desabastecimiento de combustibles y la escasez de divisas profundizaron la inestabilidad.
Una de las causas estructurales de la crisis es el declive de la producción de gas natural, que alcanzó su pico histórico en 2014 con 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) y se proyecta en apenas 26 MMmcd para 2026. El gas fue durante años el principal sostén de los ingresos fiscales y las exportaciones del país.
Desde su asunción en noviembre de 2025, el presidente Paz dispuso medidas de ajuste, entre ellas el retiro de los subsidios a los combustibles y el abandono del tipo de cambio fijo —vigente por 15 años— para adoptar un régimen cambiario flexible. Las autoridades indicaron que en el primer cuatrimestre de 2026 se observaron señales de recuperación, con un superávit fiscal cercano al 0,5 % y una balanza comercial positiva superior a los 1.300 millones de dólares, aunque las protestas de mayo y junio generarían una contracción adicional de entre 0,7 % y 1 %.
Reacciones políticas y contexto histórico
La relación entre Bolivia y el FMI estuvo prácticamente congelada durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), debido a divergencias ideológicas con las políticas del organismo. Durante su campaña electoral, el propio Paz señaló que recurrir al FMI no era una prioridad de su gestión.
Figuras de la oposición, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina, coincidieron en que el acuerdo llegó tarde y que el monto acordado resulta insuficiente frente a la magnitud de las necesidades fiscales y financieras del país. Ambos reclamaron mayor transparencia sobre el contenido detallado del programa, que hasta el momento no ha sido divulgado oficialmente.
Próximos pasos
El FMI precisó que el programa busca reconstruir las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades fiscales y externas, y promover un crecimiento liderado por el sector privado. La aprobación formal del acuerdo por parte del directorio del organismo y del Congreso boliviano constituye el paso inmediato para que los desembolsos comiencen a ejecutarse.
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