Bolivia cambia su esquema para el diésel
El Gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo 5716, que estableció inicialmente un precio final regulado de Bs 17,95 por litro de diésel, IVA incluido, y sustituyó el anterior esquema por un mecanismo relacionado con el costo de importación y las referencias internacionales.
La medida forma parte de un cambio en la política energética del país con el que el Ejecutivo busca enfrentar los problemas de abastecimiento y reducir las distorsiones generadas por el esquema de subsidios.
Productores bolivianos se declaran en emergencia
La reacción del sector agropecuario fue inmediata. El Comité de Defensa de los Productores (CODEPRO), junto con federaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas y otras organizaciones productivas, declaró el estado de emergencia y movilización nacional.
Las organizaciones solicitaron la abrogación del Decreto Supremo 5716 argumentando que el nuevo costo del combustible repercute directamente en actividades esenciales del campo como la preparación de suelos, siembra, cosecha, transporte y logística.
La preocupación es especialmente significativa para los pequeños y medianos agricultores, que, según CODEPRO, tienen menos capacidad para absorber el incremento de sus costos o trasladarlo inmediatamente al precio de venta de sus productos.
Piden un diésel preferencial para la producción
Los productores también plantearon alternativas en caso de que Bolivia mantenga la eliminación de la subvención general.
Entre las propuestas aparecen un precio preferencial del combustible para el sector productivo, una subvención vinculada a las hectáreas cultivadas o mecanismos de compensación económica destinados a cubrir parte del aumento de los costos.
CODEPRO solicitó además la liberación temporal de determinadas cargas tributarias sobre la importación y comercialización privada de carburantes y autorización para importar directamente diésel destinado a sus afiliados.
A esto se suma el pedido de líneas de crédito productivo de emergencia con tasas de entre 3% y 5% anual para pequeños y medianos productores, además de la eliminación de restricciones a las exportaciones agropecuarias.
El transporte también siente los efectos
El cambio en el precio del combustible comenzó a generar repercusiones más allá del sector agrícola. En Santa Cruz, una organización del transporte determinó paralizar servicios interprovinciales, interdepartamentales e internacionales mientras se discutía una nueva estructura tarifaria.
Sin embargo, no existe una posición uniforme dentro del transporte boliviano. El dirigente del Transporte Pesado Pedro Quispe manifestó su aceptación de la eliminación de la subvención y descartó sumarse a paros, aunque advirtió sobre el incremento que podría producirse en los costos y fletes.
Cinco días para abrir una negociación nacional
CODEPRO otorgó al Gobierno un plazo de cinco días hábiles para instalar una mesa nacional de negociación de alto nivel.
Si no se alcanza una respuesta efectiva, las organizaciones anunciaron que evaluarán nuevas acciones dentro del marco legal.
Bolivia afronta un desafío para equilibrar energía, producción y precios
El nuevo escenario coloca a Bolivia ante un complejo desafío económico: reducir el costo fiscal de los combustibles y mejorar su abastecimiento sin deteriorar significativamente la competitividad del aparato productivo.
El impacto será especialmente relevante para la agricultura y el transporte, dos actividades altamente dependientes del diésel. Un incremento sostenido de sus costos puede transmitirse a diferentes etapas de las cadenas productivas y logísticas.
Por ello, las próximas negociaciones entre el Gobierno y los sectores productivos serán determinantes para conocer si Bolivia implementará mecanismos específicos de compensación o protección para agricultores y pequeños productores mientras avanza hacia un nuevo modelo de precios de los combustibles.
