Argentina da un paso clave hacia el uso sostenible de agroquímicos

En un paso considerado histórico para la agricultura argentina, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), junto con Coninagro y la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), expresaron su pleno respaldo al proyecto de ley sobre fitosanitarios que se debate en el Congreso Nacional.

La iniciativa, impulsada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), busca establecer un marco legal moderno, integral y unificado para regular el uso de productos fitosanitarios —comúnmente conocidos como agroquímicos o plaguicidas— en todo el territorio nacional.

El objetivo central es garantizar que el uso de agroquímicos sea responsable, seguro y sostenible, equilibrando la productividad agrícola con la protección del ambiente, la salud humana y la convivencia entre zonas rurales y urbanas.

Una demanda largamente esperada por el sector agrícola

El proyecto llega tras años de debate y fragmentación normativa, ya que hasta hoy las regulaciones sobre fitosanitarios en Argentina varían según cada provincia e incluso entre municipios, lo que ha generado conflictos recurrentes entre productores, autoridades locales y comunidades rurales.

“Esta ley es una herramienta clave para dar previsibilidad y homogeneidad al manejo de productos fitosanitarios en todo el país. Argentina no puede seguir trabajando con normas dispersas”, sostuvo Gustavo Idígoras, presidente del CAA.

La propuesta legislativa contempla criterios técnicos unificados, certificaciones de uso responsable, sanciones para malas prácticas y la creación de un Registro Nacional de Aplicadores y Operadores que garantice la capacitación y profesionalización del manejo de estos productos.

Apoyo del agro y compromiso ambiental

El respaldo del sector agroindustrial fue amplio y transversal. Coninagro, entidad que agrupa cooperativas rurales, destacó que la ley “promueve la producción sustentable sin afectar la competitividad del campo”, mientras que Fearca, que representa a las empresas de aeroaplicación, valoró la inclusión de normas específicas sobre aeronavegación agrícola y control de deriva, lo que brinda seguridad jurídica y técnica a la actividad.

Por su parte, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) —que integra más de 90 organizaciones públicas y privadas— celebró el consenso alcanzado entre el Gobierno, productores, técnicos y científicos.

“El uso racional de fitosanitarios no solo protege los cultivos, sino también la salud de las personas y los ecosistemas. Con esta ley, Argentina puede posicionarse como un referente regional en producción agrícola sostenible”, afirmó María Beatriz Giraudo, vocera de la Red BPA.

Qué propone la nueva ley

El proyecto establece una serie de principios, obligaciones y herramientas regulatorias que permitirán modernizar el sistema de control y uso de agroquímicos. Entre sus puntos principales se destacan:

1. Marco nacional unificado: todas las provincias deberán armonizar sus normas con la legislación nacional, garantizando coherencia y evitando superposiciones.

2. Clasificación técnica y registro obligatorio: los productos deberán contar con aprobación sanitaria, categorización de riesgo y trazabilidad digital.

3. Zonas buffer y distancia de aplicación: se fijarán límites técnicos claros para evitar la deriva hacia poblaciones o zonas sensibles, basados en evidencia científica.

4. Capacitación obligatoria: se exigirá formación técnica certificada para aplicadores terrestres y aéreos.

5. Transparencia y participación ciudadana: las comunidades rurales tendrán acceso a información pública sobre productos, aplicaciones y fiscalización.

6. Promoción de tecnologías limpias: se fomentará la adopción de productos biológicos, bioinsumos y maquinaria de precisión que reduzca el impacto ambiental.

Un consenso inusual en el Congreso

El debate legislativo se desarrolla en un contexto político complejo, pero el proyecto de ley ha logrado un nivel de consenso poco común entre distintos bloques y actores del sector agroindustrial.
Diputados de varias provincias productoras —como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires— expresaron su apoyo, destacando la importancia de contar con una norma que combine eficiencia productiva con protección ambiental.

“Argentina puede y debe producir más alimentos sin poner en riesgo su entorno. Esta ley demuestra que la sostenibilidad no es enemiga de la productividad”, sostuvo el diputado Juan Pablo Lencinas, miembro de la Comisión de Agricultura.

Los desafíos de implementación

Si bien la iniciativa ha recibido apoyo mayoritario, su implementación requerirá un fuerte compromiso institucional y coordinación entre el Estado nacional, las provincias y los municipios.
Los principales desafíos serán la fiscalización efectiva, la capacitación continua de los aplicadores y el control sobre productos ilegales o no registrados, que aún representan un porcentaje significativo del mercado.

Organizaciones ambientalistas, por su parte, piden garantizar la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones.
Algunas ONG sugieren incorporar mayores restricciones en zonas periurbanas y fortalecer la vigilancia sobre los residuos de plaguicidas en alimentos y cursos de agua.

Un paso hacia una agricultura sostenible y moderna

El proyecto de ley sobre fitosanitarios se enmarca dentro del esfuerzo del Gobierno argentino por modernizar la regulación agrícola y alinear sus políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los estándares de la FAO.

Si se aprueba, Argentina se sumará a los países latinoamericanos que cuentan con leyes nacionales integrales sobre agroquímicos, junto con Brasil, Uruguay y Chile.
El nuevo marco podría mejorar la imagen internacional del país como proveedor confiable de alimentos seguros y sustentables, algo clave para mantener su competitividad en los mercados europeos y asiáticos.

Conclusión

La discusión de la ley de fitosanitarios representa un punto de inflexión en la política agroambiental de Argentina.
Por primera vez, el país avanza hacia un consenso nacional que busca armonizar la producción agrícola con la salud y el ambiente, respondiendo a las demandas sociales y a los desafíos globales de sostenibilidad.

De aprobarse, la ley no solo modernizaría el uso de agroquímicos, sino que también consolidaría el liderazgo de Argentina como potencia agroalimentaria con responsabilidad ambiental, demostrando que el futuro del campo puede ser tanto productivo como sostenible.