“Colombia enfrenta una encrucijada: seguridad vs medioambiente con el regreso del glifosato”

En junio de 2025, el Gobierno colombiano adquirió 22.000 litros de glifosato para erradicación terrestre de cultivos ilícitos, generando una fuerte polémica nacional. La decisión contrasta con el discurso ambientalista del presidente Petro, quien históricamente se opuso al uso de este herbicida. Diversos sectores sociales y políticos criticaron la medida por considerarla contradictoria, mientras el gobierno la justifica como una acción puntual de seguridad. El glifosato, prohibido en fumigaciones aéreas desde 2015, sigue generando preocupación por sus impactos en salud y medioambiente. La medida podría afectar compromisos internacionales y reavivar tensiones con comunidades rurales.

El Gobierno colombiano adquirió 22.000 litros de glifosato para erradicación terrestre de cultivos ilícitos, desatando una fuerte controversia a nivel nacional e internacional. El hecho ha generado tensiones dentro del propio oficialismo, reavivado el debate ambiental y levantado cuestionamientos sobre la coherencia política del presidente Gustavo Petro, quien en múltiples ocasiones se manifestó públicamente contra el uso de este agroquímico.

¿Qué es el glifosato y por qué es polémico?

El glifosato es un herbicida de amplio espectro utilizado principalmente para eliminar malezas, pero también empleado en la erradicación de cultivos de coca. La controversia radica en estudios que advierten sobre su posible relación con enfermedades como el cáncer, impactos negativos sobre el suelo y fuentes hídricas, y los efectos en comunidades campesinas e indígenas que han denunciado afectaciones a su salud y sustento.

Aunque su uso aéreo fue suspendido en 2015 por la Corte Constitucional debido a estos riesgos, su aplicación terrestre continúa bajo estrictos protocolos. Sin embargo, la nueva compra masiva ha hecho saltar las alarmas.

 Un giro inesperado del gobierno Petro

Durante su campaña presidencial y en los primeros años de su gobierno, Gustavo Petro fue un crítico férreo del uso del glifosato. Prometió “erradicación manual y concertada” y enfocarse en sustitución voluntaria de cultivos como parte de su política de “Paz Total” y desarrollo rural integral.

Por eso, la reciente compra, revelada por medios de investigación y luego confirmada por el Ministerio de Defensa, ha sido interpretada por analistas como una “contradicción pragmática” impulsada por presiones operativas y diplomáticas.

Reacciones políticas y sociales

La decisión ha provocado un abanico de reacciones:

• Organizaciones ambientalistas como Dejusticia y la Alianza por la Amazonía calificaron la compra como “una traición a la agenda verde del gobierno”.
• Líderes indígenas y campesinos del sur del país advirtieron que no permitirán fumigaciones cerca de sus territorios y que retomarán movilizaciones si es necesario.
• Sectores de oposición, como el Centro Democrático, lo ven como una “admisión tardía” de que la política de sustitución fracasó y que “la mano dura es inevitable”.
• Dentro del Pacto Histórico, congresistas como María José Pizarro pidieron explicaciones públicas al Ejecutivo, señalando que la decisión “rompe el pacto ético con los territorios”.

¿Qué justifica el Gobierno?

El Ministerio de Defensa explicó que la compra está destinada exclusivamente para operaciones terrestres controladas en zonas donde ha habido un repunte alarmante de cultivos ilícitos, especialmente en el sur del Meta, Norte de Santander y Nariño.

Según cifras recientes, en 2024 Colombia alcanzó más de 250.000 hectáreas de cultivos de coca, un récord histórico, lo que ha generado presiones desde Washington y organismos multilaterales para mostrar resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico.

“Esto no significa el retorno de las fumigaciones aéreas ni una ruptura con nuestra política de sustitución. Es una medida puntual, de seguridad nacional”, declaró el ministro Iván Velásquez.

Impactos diplomáticos y compromisos ambientales

La compra se da en momentos en que Colombia busca posicionarse como líder ambiental en América Latina. Petro ha participado activamente en cumbres climáticas y liderado la propuesta de “Amazonía como sujeto de derechos”.

El uso del glifosato podría afectar su imagen internacional y comprometer relaciones con aliados europeos que han financiado programas de sustitución voluntaria bajo compromisos de no usar agroquímicos nocivos.

¿Fracaso o ajuste estratégico?

Para algunos expertos en políticas de drogas, como Rodrigo Uprimny, esta decisión representa una “rendición táctica frente a un modelo que no ha dado resultados rápidos”. La presión por mostrar cifras en reducción de cultivos parece haber superado la lógica de largo plazo que proponía Petro al inicio de su gobierno.

Otros señalan que si bien hay contradicción, también puede haber aprendizaje: “no se puede gobernar solo con principios; también se requiere adaptabilidad en función de las amenazas concretas”.

Conclusión

La compra de 22.000 litros de glifosato marca un punto de inflexión en la política antidrogas del gobierno Petro. Más allá del herbicida, lo que está en juego es la coherencia del proyecto político del presidente, su credibilidad ante las comunidades rurales y su reputación como defensor ambiental. En los próximos meses, la implementación concreta o la suspensión de su uso determinará si esta decisión fue un tropiezo táctico o un giro estratégico irreversible.