El programa federal Precio Justo para la comercialización de maíz blanco en México enfrenta un rechazo organizado del sector campesino, luego de que cifras oficiales revelaran que su cobertura alcanza apenas a 61 mil productores de un universo estimado en 2.5 millones de agricultores dedicados a este cultivo en el país. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) calificó el esquema como una política ineficaz que no garantiza certeza económica al campo mexicano.
Brecha entre cobertura oficial y padrón real de productores
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Columba Jazmín López, presentó el programa como el primer esquema formal de ordenamiento y comercialización de maíz blanco en el país. Sin embargo, la UNTA señala que la diferencia entre los beneficiarios registrados y el total de productores activos en territorio nacional deja sin respaldo institucional a la amplia mayoría del sector. Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, indicó que el diseño actual evade la obligación gubernamental de establecer un precio de garantía formal, instrumento que históricamente brindaba certeza a los productores antes del inicio de cada ciclo agrícola.
Tres señalamientos centrales contra el esquema de comercialización
Las organizaciones campesinas identificaron tres fallas estructurales en el programa:
- Ausencia de precio de garantía generalizado: sin un mecanismo oficial vinculante, la definición del precio de compra del grano queda bajo el control de acopiadores e intermediarios privados.
- Desprotección institucional: la falta de rentabilidad empuja a miles de agricultores a abandonar sus parcelas, fenómeno que la UNTA denomina como el exilio productivo del campo.
- Simulación de política pública: los dirigentes del sector argumentan que el discurso gubernamental de bienestar no se traduce en mecanismos concretos de apoyo a la comercialización masiva del grano.
Estas inconformidades ya derivaron en protestas activas de productores en el estado de Sinaloa, quienes exigen condiciones de comercialización más transparentes y apoyos económicos directos.
Importaciones en niveles récord y pérdidas por sequía
El contexto en el que opera el programa agrava las preocupaciones del sector. Entre enero y abril de 2026, México importó más de 4 millones de toneladas de maíz, cifra que las organizaciones agrícolas califican como un récord histórico para ese período. Paralelamente, la dependencia alimentaria del país pasó de representar el 46% del consumo nacional a acercarse al 75%, según datos recopilados por el propio sector.
A ese panorama se suma el impacto de la sequía: la falta de precipitaciones causó la pérdida de al menos 15 mil hectáreas de siembra en el Estado de México durante el ciclo en curso, reduciendo la oferta de grano nativo y presionando los costos de producción hacia arriba.
Posición oficial y próximos pasos
La titular de la Sader, Columba Jazmín López, comunicó a través de sus canales oficiales que más de 61 mil productores participarán en este primer esquema de ordenamiento del mercado de maíz blanco. El gobierno presentó la iniciativa como parte de la agenda de transformación del campo mexicano impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La UNTA, por su parte, ha convocado a sus afiliados a mantener la presión para que el ejecutivo federal amplíe la cobertura del programa y formalice un mecanismo de precio de garantía con alcance nacional antes del próximo ciclo agrícola.
Colombia
Chile
Mexico
Perú